El trueque del monte Gaiás por Lourizán
EL ESTADO DE DERECHO asegura el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. La Ley de Costas de 1988, viene a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. No obstante su mayor ámbito, la Ley dedica su principal atención a la costa o litoral, que es donde se plantean los mayores problemas y excluye la posibilidad de consolidar la apropiación por particulares de dominio público.
En resumen, se han desarrollado los principios del artículo 132.1 de la Constitución sobre la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad del dominio público marítimo-terrestre, con la facultad administrativa de su reintegro posesorio de oficio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. No obstante en 2001, veintitrés años después de ser aprobada la Constitución y transcurridos trece años desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, se culmina la privatización de ENCE, S.A. auspiciada por el presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga. La Empresa Pública es adquirida por el Grupo Empresarial ENCE, S.A., siendo presidente del Consejo de Administración José Luis Méndez que, a la sazón, también es Director General de Caixa Galicia. Dicha entidad financiera -sin ánimo de lucro-, en febrero de 2001 aporta a título gratuito 420.000 metros cuadrados de terreno, la totalidad de sus fincas en el monte Gaiás de Santiago de Compostela para construir la Ciudad de la Cultura de Galicia, cuyo presidente de honor es el susodicho Manuel Fraga Iribarne.
Mercadería de cambio
Mientras todo esto ocurría como algo natural, 612.500 metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre de las Marismas de Lourizán eran objeto de un trueque: considerados como mercadería de cambio y previa declaración de innecesariedad para la protección del dominio público marítimo-terrestre, desafectados y reconvertidos en suelo industrial, con plan sectorial de incidencia supramunicipal y asentamiento industrial incluidos, serían entregados como justiprecio por tanta generosidad. Pero, la Ley de Costas estaba vigente en el momento de la privatización de ENCE, S.A. Y por lo tanto, la permanencia de la factoría en Lourizán estaba condicionada al establecimiento de plazo, que finaliza el 29 de julio de 2018, y al deslinde practicado por O.M. de 14 de octubre de 1996. El pelotazo estaba destinado al fracaso. Lourizán es Patrimonio del Estado y la vigencia de la Ley de Costas no dependía ni depende de Manuel Fraga, ni de Núñez Feijoo, ni de López Veiga, en cuyo caso hubiese seguido la suerte de las leyes 9/2002, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural y 8/1993, reguladora de la Administración Hidráulica. O quizás se hubiese resuelto con un decreto como el 199/2004, regulador de las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que tampoco tiene desperdicio.
Esperpento del ególatra
"El trueque del monte Gaiás por Lourizán": (Esperpento del ególatra) exige un epílogo escrito por el Fiscal General del Estado. Nada salió con arreglo al guión previsto. Ahora todo depende de los Tribunales de Justicia. Pero ambas partes han decidido descender a las cloacas. Los actos inconexos como "el secuestro de la democracia" representados por trabajadores fijos o inducidos sembrando incertidumbre y miedo en la sociedad, así lo demuestran. Procede pues un epílogo puntual y el final adecuado, donde prevalezca la verdad, se destierre la corrupción y se restablezca la democracia en Galicia.
Francisco Díaz Sánchez (Pacodíaz)
Publicado en La Voz de Galicia (Pontevedra) y Diario de Pontevedra el 29 de octubre de 2004
EL ESTADO DE DERECHO asegura el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. La Ley de Costas de 1988, viene a cumplir el mandato expreso en nuestra Constitución, que en su artículo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. No obstante su mayor ámbito, la Ley dedica su principal atención a la costa o litoral, que es donde se plantean los mayores problemas y excluye la posibilidad de consolidar la apropiación por particulares de dominio público.
En resumen, se han desarrollado los principios del artículo 132.1 de la Constitución sobre la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad del dominio público marítimo-terrestre, con la facultad administrativa de su reintegro posesorio de oficio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. No obstante en 2001, veintitrés años después de ser aprobada la Constitución y transcurridos trece años desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, se culmina la privatización de ENCE, S.A. auspiciada por el presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga. La Empresa Pública es adquirida por el Grupo Empresarial ENCE, S.A., siendo presidente del Consejo de Administración José Luis Méndez que, a la sazón, también es Director General de Caixa Galicia. Dicha entidad financiera -sin ánimo de lucro-, en febrero de 2001 aporta a título gratuito 420.000 metros cuadrados de terreno, la totalidad de sus fincas en el monte Gaiás de Santiago de Compostela para construir la Ciudad de la Cultura de Galicia, cuyo presidente de honor es el susodicho Manuel Fraga Iribarne.
Mercadería de cambio
Mientras todo esto ocurría como algo natural, 612.500 metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre de las Marismas de Lourizán eran objeto de un trueque: considerados como mercadería de cambio y previa declaración de innecesariedad para la protección del dominio público marítimo-terrestre, desafectados y reconvertidos en suelo industrial, con plan sectorial de incidencia supramunicipal y asentamiento industrial incluidos, serían entregados como justiprecio por tanta generosidad. Pero, la Ley de Costas estaba vigente en el momento de la privatización de ENCE, S.A. Y por lo tanto, la permanencia de la factoría en Lourizán estaba condicionada al establecimiento de plazo, que finaliza el 29 de julio de 2018, y al deslinde practicado por O.M. de 14 de octubre de 1996. El pelotazo estaba destinado al fracaso. Lourizán es Patrimonio del Estado y la vigencia de la Ley de Costas no dependía ni depende de Manuel Fraga, ni de Núñez Feijoo, ni de López Veiga, en cuyo caso hubiese seguido la suerte de las leyes 9/2002, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural y 8/1993, reguladora de la Administración Hidráulica. O quizás se hubiese resuelto con un decreto como el 199/2004, regulador de las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que tampoco tiene desperdicio.
Esperpento del ególatra
"El trueque del monte Gaiás por Lourizán": (Esperpento del ególatra) exige un epílogo escrito por el Fiscal General del Estado. Nada salió con arreglo al guión previsto. Ahora todo depende de los Tribunales de Justicia. Pero ambas partes han decidido descender a las cloacas. Los actos inconexos como "el secuestro de la democracia" representados por trabajadores fijos o inducidos sembrando incertidumbre y miedo en la sociedad, así lo demuestran. Procede pues un epílogo puntual y el final adecuado, donde prevalezca la verdad, se destierre la corrupción y se restablezca la democracia en Galicia.
Francisco Díaz Sánchez (Pacodíaz)
Publicado en La Voz de Galicia (Pontevedra) y Diario de Pontevedra el 29 de octubre de 2004
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