sábado, 9 de febrero de 2008

ARREGUI AMENAZA A LAS ADMINISTRACIONES

LA MESA DE CONCERTACIÓN propuesta por el presidente Pérez Touriño para el traslado de ENCE va a traer cola. Juan Ignacio Arregui, presidente del Grupo Empresarial ENCE, S.A. manifiesta que, tanto la empresa como las distintas Administraciones tendrán que responder de sus actuaciones con respecto a la factoría de Pontevedra. Les recuerda que: "ENCE se limita a estar donde está porque tenemos la concesión. Tenemos todo y la comunidad gallega también tendrá que pensar qué supone tomar una determinación de estas".

Aviso para navegantes
Al Ayuntamiento, que ya ha manifestado que está dispuesto a pagar parte del traslado de la factoría, le envía un aviso para navegantes: "aquí -en alusión al interés municipal por deslocalizar ENCE- siempre hay una parte de verdad, pero también un interés no confesable".

La falacia como sustitutivo del principio de legalidad
El presidente del grupo pastero no amenaza en vano. está dispuesto a sacar provecho de la evidente incompetencia de las Administraciones públicas. El empresario sabe imponer el poder económico ante una Administración enferma, debilitada por la corrupción, por el abandono del cargo público y, por la utilización de la falacia como sustitutivo del principio de legalidad. Esa es la cuestión. La posible prevaricación que supone utilizar mil millones de euros del erario público para premiar a un infractor.


Evidente falta de legitimidad
El Grupo Empresarial ENCE, S.A., al contrario de lo que afirma su presidente, carece de la concesión administrativa necesaria para desarrollar su actividad industrial en las Marismas de Lourizán. Este es un hecho incontrovertible (la última transferencia de la concesión original fue otorgada en 1970 a la Empresa Nacional de Celulosas S.A.). No obstante el Grupo Empresarial ENCE, S.A., a pesar de su evidente falta de legitimidad y, de que se enfrenta a varios contenciosos, amenaza a las Administraciones públicas, quizás porque piensa que también es capaz de controlar al Poder Judicial, ámbito donde se dirime su permanencia en las Marismas de Lourizán.


El infractor es el que exige
Quién sabe. Lo cierto, es que se han cambiado los papeles. El infractor es el que exige. El que reclama derechos que no tiene a los gobernantes que han abandonado el cargo público pero no su retribución. Y esto es posible porque, por un lado, el Ayuntamiento de Pontevedra en consorcio con la Xunta de Galicia, se aprovecha de la ilegalidad del Grupo Empresarial ENCE, S.A. en Lourizán, para construir una EDAR en la zona concesional (zona expresamente prohibida para esta actividad), sin título habilitante alguno, sin concesión y, como bien insinúa el presidente del grupo pastero: "donde podría haber un interés no confesable por parte del Ayuntamiento", como ha ocurrido en la finca de TAFISA, donde efectivamente existe una concesión -extinguida-, aunque la verdadera cuestión estriba en hurtarle al nuevo PXOM la ordenación urbanística, evidentemente también por un interés no confesable por parte del Ayuntamiento.

El mayor escándalo medioambiental
Y por otro lado, porque el Ministerio de Medio Ambiente da cobertura a las graves infracciones urbanísticas y ambientales que se cometen en la margen izquierda de la ría de Pontevedra, permitiendo que ésta y otras industrias igualmente ilegales se perpetúen en las Marismas de Lourizán (terrenos ganados al mar por rellenos), sin concesión ni licencia municipal, como son ELNOSA, HOLCIM, MALVAR, etc., que desarrollan sus actividades nocivas y peligrosas impunemente, dando lugar a lo que, sin duda, constituye el mayor escándalo medioambiental del Estado español.

El fuego ha reducido a ceniza todas las historias clínicas
Todo esto ocurre en Pontevedra, donde la contaminación ambiental afecta de forma definitiva a los ecosistemas, a la biodiversidad y a la salud de las personas y, donde el fuego ha reducido a ceniza todas las historias clínicas de los pontevedreses, previamente almacenadas, a tal efecto, en una peculiar nave ilegal ubicada en el extrarradio de la ciudad (no en Poio, como por error se decía en el original).

La macabra estadística
Pero la ausencia de historias clínicas no elimina el delito, ni los carcinomas, sólo el dato de las enfermedades que sufrimos cada familia y la macabra estadística.

Francisco Díaz Sánchez (Pacodíaz)
Publicado en: Diario de Pontevedra el 10 de julio de 2006
La Voz de Galicia (Pontevedra) el 12 de julio de 2006.

Contestación: CARTA ABIERTA A FRANCISCO CÉSAR DÍAZ
"SALVEMOS PONTEVEDRA"
de Luis M. Rivas Vilas
(Delegado Sindical de la Fia-UGT en ENCE):

"La Declaración de los Derechos Humanos reconoce el derecho a cualquier persona de expresar sus ideas por cualquier medio de comunicación sin que nadie le moleste. Ahora bien, cuando al expresarse Ud. omite, trata de confundir y lo más grave da a entender que terceros fueron los causantes de un delito, entonces habrá que molestarle y ponerle en su sitio.

Omite que, la Ley de Costas da concesiones por duración de 30 años, Ence la tiene, por lo tanto, su ubicación y su explotación son perfectamente legales, termino este último que dudo sepa cual es su significado.

Trata de confundir cuando afirma que la empresa amenaza. Mentira, la empresa es libre de pedir a quien si le amenaza con cerrarla si no se va antes del 2018 año en el que termina la concesión por lo tanto, llegado ese año se cierra la empresa por Ley y los que estais en contra de ella quedareis contentos y la empresa como dice el Sr. Lores ya usará sus dineros si quiere para montar otra en terrenos propios, o no.

Lo grave de su carta es que deja entrever que el más beneficiado del incendio del archivo del CHOP fue ENCE, al contrario fue el más perjudicado pues ahora ya no tiene los datos con los que demostrar lo que médicos como el Sr. Lores vienen afirmando desde los años noventa, por cierto dos matices: uno el archivo estaba en el término de San Cayetano perteneciente al municipio de Pontevedra y no al de Poyo como dice Ud. y segundo con esa afirmación deja en muy mal lugar a los médicos pues no fueron capaces de custodiar como es preceptivo los datos de todos sus pacientes, pues no es imprudente la empresa que custodia sino quien la contrata y no se cerciora de su capacidad para gestionar tan valiosos documentos.

Por último decirle que la Ley de Costas en el municipio de Pontevedra la incumplen tres construcciones públicas, el tren a Marín, la Edar y el paseo de Placeres, pues, el primero la Ley dice que no puede existir ninguna barrera que impida el acceso del público a la costa y la vía del tren si es una barrera; segundo la Ley de Costas "prohibe" la construcción de depuradoras de vertidos urbanos en territorio marítimo terrestre y la Edar lo está y tercero el Artículo 44.5 de la citada Ley de Costas "prohibe" la construcción de paseos marítimos sobre la ribera y el de Placeres está sobre la ribera y destruye unos metros de playa. Como ve "Salvemos Pontevedra" tiene narices para denunciar a ENCE y se no para denunciar al Ayuntamiento de Pontevedra y a la Xunta de Galicia por construir la "ilegal" depuradora de Placeres.

Lo que queda bien claro es que, si los político quieren que ENCE ponga y disponga de sus dineros para construir y cerrar el ciclo productivo del papel, ya que es su dinero el que se juega y no el salario ni de Lores, ni de Touriño, ni de Quintana, digo yo, que podrá decir donde y en que lugar los quiere invertir o ya nos olvidamos de los principios básicos de lo que es y debe ser una Democracia".

Publicado en Diario de Pontevedra el 14 de julio de 2006.