Viniendo de un edil comunista la propuesta no tiene parangón: precedida de un delito ecológico continuado, no sólo supone la renuncia definitiva a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre degradado, sino que implicaría una mayor invasión del mar con obras de infraestructuras, a pesar de que la Ley de Costas contempla la derogación de la Ley de 1918 sobre Paseos Marítimos y la Desecación y Saneamiento de Marismas y, de que, la Ley propone justamente lo contrario: mantener e incorporar terrenos al dominio público que reunan las características naturales del medio, eliminando definitivamente la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de obras, porque considera que son actuaciones que proporcionan frecuentemente cobertura de especulación inmobiliaria.
Fernández Lores nunca ha defendido la recuperación medioambiental de las marismas de Lourizán, a los hechos me remito. De eso sabemos bastante en “Salvemos Pontevedra”. Y poco o nada le ha importado que la Ley de Costas venga a cumplir un mandato expreso de nuestra constitución, cuando determina la imprescriptibilidad e inalienabilidad del dominio público y la facultad de su reintegro posesorio de oficio, además de la gestión y conservación de este patrimonio natural.
Pero es que, además, la incalificable propuesta del Alcalde no sólo choca frontalmente con la Constitución, con la legislación ambiental vigente y con la Jurisprudencia del TSJG y del TS, sino que también lo hace con los Informes y Dictámenes emitidos por los órganos del Estado en procedimientos expresamente dirigidos a la explotación del dominio público marítimo-terrestre en las Marismas de Lourizán: Ramal del FFCC a Marín (que contó con el apoyo incondicional del Alcalde), informado desfavorablemente por la Dirección General de Costas, en 1999. Posteriormente la misma Dirección General emite nuevo informe a la solicitud de reserva demanial del mismo procedimiento, en el que declara, que las obras tendrían un efecto barrera que impediría el acceso al dominio público; que producirían un efecto negativo sobre el paisaje, aumentando el grado de desnaturalización, introduciendo elementos duros y lineales, ajenos a los naturales del dominio público marítimo-terrestre. A este respecto, matiza el informe: “no se debe considerar sólo la situación actual en esta zona degradada, sino que habrá que tener en cuenta que la situación de industrias como ENCE y ELNOSA, con concesiones en el dominio público, no es inamovible pues las concesiones se extinguirán por vencimiento de plazo el 29 de julio de 2018 y se podrá recuperar el dominio público”.
Y continúa: “Este tipo de concesiones de relleno y posterior urbanización del dominio público marítimo-terrestre, se señalan en la exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988, como causantes de la degradación del dominio público natural, produciendo su desnaturalización, cuando esta Ley propone justamente lo contrario, es decir, no sólo mantener en el dominio público los espacios que reúnen las características naturales del medio sino que propugna, además, establecer acciones para recuperar a su estado inicial los terrenos de dominio público natural degradado, estableciendo además en su articulado que no es posible la desafectación de terrenos ganados al mar (artículo 18)”.
Dado que se trata de una jugada poco seria
Y cuando todavía está sin resolver el intento de Manuel Fraga por consolidar el macropolígono industrial supramunicipal en claro fraude de Ley, y frenada por Salvemos Pontevedra la desafectación del dominio público (innecesariedad solicitada por el G. E. ENCE,S.A); cuando ha sido ratificado el deslinde de 1996 por el TSJG; cuando los Tribunales de Justicia valoran la caducidad de las concesiones de las industrias ilegales ubicadas en la zona, aparece el camaleónico Alcalde de Pontevedra, instalado en el feudo de la impunidad política por aquello de la cobertura piramidal, mofándose de los ciudadanos con esta proposición indecorosa e indecente. Y lo hace coincidiendo con la información pública del Avance del PXOM, cuyo contenido nos negamos a cumplimentar con sugerencia alguna, dado que se trata de una jugada poco seria (veremos lo que nos cuesta la broma), si tenemos en cuenta que, por ejemplo el plan viario se ha fraguado al margen del PXOM, coincidiendo la información pública de ambos procedimientos (evidentemente en atención al diferente precio en las expropiaciones que se tramitan desde el PXOM).
Pontevedra, 17 de diciembre de 2007.
Publicado en Diario de Pontevedra (OPINIÓN) el 3 de enero de 2008.
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