Decía hace unos días Carmen Gallego -Conselleira de Pesca- en relación con el nuevo plan de acuicultura de Galicia que: “no hay ningún grupo ecologista que se precie que pueda decir que es irrespetuoso con el medio ambiente”.
Y está claro que Carmen Gallego no leyó las alegaciones presentadas por el Grupo ecologista Salvemos Pontevedra –que se precia de serlo-. El escrito de alegaciones contiene hechos y fundamentos jurídicos irrefutables, suficientes para demostrar que el plan no sólo es irrespetuoso con el medio ambiente, sino también ilegal y contrario a derecho. Las alegaciones vienen a confirmar y ampliar las presentadas al anterior “Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega de 2005, impugnado por Salvemos Pontevedra ante el TSJG (P.O. Nº. 4457/05), cuestión que ha llevado a la Xunta a suspender las actuaciones autorizadas en ámbitos de la Red Natura 2000, así como a la revisión del plan (acuerdo del Consello de la Xunta de 22/07/2006, que no ha sido publicado en el DOG). No obstante, el 21/05/2007, una vez conseguido el documento compulsado del acuerdo del Consello por el Grupo Ecologista, se le dio traslado al Tribunal Superior para su conocimiento y unión al procedimiento judicial que, por supuesto, no está anulado y sigue su curso.
Tampoco ha resultado baladí que Salvemos Pontevedra haya impugnado ante el TSJG el Decreto 158/2005, que establece las competencias de la Xunta de Galicia en el litoral gallego (impugnado también por el Estado), en la actualidad suspendido en virtud de las medidas cautelares emitidas el 20/07/2007).
Así las cosas, con el plan sectorial anterior en los Tribunales y el Decreto suspendido cautelarmente, la Asociación Ecologista que considera la acuicultura y la innovación imprescindibles, no puede aceptar que quienes han propiciado el fin de la pesca salvaje y de la biodiversidad en los mares que bañan las costas gallegas, extiendan su manto devastador sobre los ecosistemas del litoral gallego y el paisaje allí donde, incluso los especuladores más abyectos jamás se han atrevido a actuar, porque son seña de identidad de Galicia y del mundo. Pero ¡cuidado! ya se ha hecho en Cabo Vilán, Camariñas y en Bico da Ran, en Cambados.
Qué la acuicultura no es una actividad que ofrezca una alternativa a los trabajadores procedentes del sector de la pesca, lo sabe Carmen Gallego, sus socios de Gobierno y la Comisión Europea de Medio Ambiente. Los antecedentes demuestran que no existen apenas posibilidades de trabajo para un pescador dentro de la acuicultura, porque la actividad demanda profesionales con conocimientos técnicos muy específicos, y porque los empleos que se crean son pocos y de baja retribución. Los hechos están ahí y demuestran que los objetivos propuestos por la UE para la acuicultura y los anunciados por la Conselleira de Pesca no son realistas porque se fundamentan en premisas falsas. Acuicultura y pesca no son industrias relacionadas.
Lo que plantea la verdadera magnitud de la situación es la falacia de presentar como un plan sectorial desde la Consellería de Pesca, lo que en realidad es la pretensión de situar 26 industrias clasificadas, prohibidas, que van a ocupar más de tres millones de m2., en los espacios naturales del litoral incluidos en RED NATURA 2000 y en terrenos afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; donde las propias empresas quieren ubicarse, sin valorar que, el daño que causan es irreversible.
Y precisamente, por tratarse de industrias clasificadas, lo lógico sería su concentración en zonas no protegidas ni acreedoras a una protección singular de toda esa actividad y que estuvieran lo suficientemente alejadas de la costa para evitar los efectos no deseados sobre ella, concentrando las tomas de agua de mar y los depósitos reguladores, los accesos, las necesidades de energía eléctrica, la depuración del agua de mar una vez utilizada en el ciclo de producción y, teniendo posibilidad real para incidir en la activación económica de las zonas donde se establezcan. No puede ser un argumento sólido decir que deben separarse las granjas para evitar la mortandad en caso de contaminación, los medios técnicos existentes permiten minimizar esa posibilidad. El progreso de la técnica permite el bombeo de agua de mar hasta cotas y distancias impensables, se pueden ver cómo en el Mediterráneo y en las Canarias, donde el envío de agua de mar para consumo humano y riego de parques, campos de golf, etc., se lleva a cabo de manera sistemática hasta grandes distancias de la costa.
Tampoco entendemos qué puede tener de respetuoso con el medio ambiente, considerar la realidad de las instalaciones ya existentes como punto de partida al margen de su legalidad, que es lo que hace el Plan. Ello supone una desviación de poder y un quebrantamiento del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al pretender ampararse en esta figura sectorial del Plan de Acuicultura para legalizar instalaciones ilegales que incumplen el planeamiento municipal, la legislación de costas y la legislación de protección del medio ambiente, proponiendo incluso la permanencia y ampliación de granjas construidas sobre rellenos ganados al mar, con concesiones cuyo plazo está agotado en función de los derechos transitorios que prevé la Ley de Costas de 1988 o, incluso, con concesiones otorgadas por la propia Xunta de Galicia en los años ochenta, nulas por ser competencia del Estado.
Quizás la Conselleira de Pesca sólo pretenda solidarizarse con los infractores, espíritu de clase de quienes como ella, con su vivienda ilegal en Vilaboa, se encuentran al margen de la legalidad -y se precian de ello-, a los que pretende dar una salida para no ejecutar las resoluciones administrativas y sentencias firmes que imponen, o deben imponer, el derribo de lo ilegalmente construido.
Pontevedra, 20 de enero de 2008.
Francisco César Díaz Sánchez (Pacodíaz).
Publicado en Diario de Pontevedra (OPINIÓN) el 7 de febrero de 2008.
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